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Los tres colegios profesionales de Trabajo Social de la Comunitat Valenciana han concluido la ronda de reuniones mantenidas desde el pasado mes de marzo con los diferentes grupos parlamentarios para abordar el anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Una normativa que prevé someterse a aprobación este verano por parte de Les Corts para que, si se admite a trámite, pueda ser una realidad en el último trimestre de 2018. Con ella se blinda el sistema de Servicios Sociales dotándolo de la financiación presupuestaria necesaria para su universalidad y se iguala a derechos como la educación y la sanidad.
“Es un proyecto de ley muy de todos, porque cuenta con la participación de muchos organismos y entidades, y el resultado nos gusta bastante. Queremos que la ley salga adelante, que sea una ley de consenso y de futuro, que se respete gobierne quien gobierne”, ha señalado el presidente del Col·legi de Treball Social de Castelló (COTS) Jaume Agost.
El primero de los encuentros se produjo el pasado 12 de marzo con el PSPV, y le siguió el 26 del mismo mes Compromís. El 4 de abril los representantes de los profesionales del Trabajo Social se reunieron con el Partido Popular y el pasado 17 de abril se sumaron Podemos y Ciudadanos.
Tanto Agost como la trabajadora social y miembro de la Junta del COTS Anna Garcia, que ha participado en el ciclo de reuniones, han destacado la “buena acogida por parte de todos los grupos políticos”. También han resaltado la “unión” de los tres colegios profesionales en esta reivindicación “clave para nuestra profesión y para toda la sociedad”. “Hemos sido el primer sector profesional en reunirse con la clase política para abordar esta cuestión”, ha recordado Agost.
A “todos los parlamentarios” se les ha trasladado “la importancia de responder a las necesidades territoriales de cada zona, en especial aquellas que, como el caso de la comarca castellonense de Els Ports, son de alta ruralidad, con población envejecida y alejadas de ciertos recursos y servicios. Defendemos que debe haber una ley de comarcalización que regule todo esto”, ha dicho. En este sentido, Anna Garcia ha señalado que lo que se pide es que la ley, “en la medida que pueda, elimine el desequilibrio territorial porque genera diferencias entre la ciudadanía. Queremos que la lucha por esta igualdad nos identifique”.
La nueva Ley de Servicios Sociales forma parte del llamado código social, el conjunto de leyes que sustenta el nuevo modelo valenciano de Servicios Sociales, junto a la Renta Valenciana de Inclusión y la Ley de Infancia y Adolescencia.
