Actualitat Diària
El PP de la Vall d’Uixó ha emitido un comunicado en el que asegura que el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Nules ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Popular de la Vall d’Uixó contra la alcaldesa Tania Baños (PSOE) por un presunto delito de prevaricación al levantar un reparo del interventor en contra de los informes de los técnicos municipales que advertían que la contratación de las obras de reparación de aceras en el Grupo La Unión no siguieron los procedimientos legales vigentes.
El 27 de diciembre de 2017, Tania Baños levantaba el reparo emitido por el interventor mediante el informe 0752/2017 y aprobaba el pago de la factura emitida por Contratas Hidráulicas SL por un importe de 71.949,21 euros, correspondiente a las obras de renovación de aceras en la manzana 23 del Grupo La Unión.
En su informe, el interventor municipal afirmaba que ‘se ha omitido el expediente de contratación aplicable a la ejecución de obras en reposición de aceras Grupo La Unión, así ser el importe total de 71.949,21 euros y no poder considerarse contrato menor de obras del artículo 111 TRLCSP”.
En la querella, presentada por el Partido Popular, se explica que la intención de la alcaldesa era eludir el procedimiento de adjudicación que sería preceptivo en la contratación de dichas obras, que requieren por imperativo legal el procedimiento de adjudicación abierto y con publicidad. De esta, desde el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó se obviaron los trámites de contratación al tratarse de una contratación de obras superior a un contrato menor.
Además, anteriormente Tania Baños pagó a la misma empresa otras dos facturas por medio del fraccionamiento fraudulento, que fueron aprobadas en junta de gobierno, por importe de 5.820,67 euros y 6.278,88 euros.
La portavoz del Partido Popular de la Vall d’Uixó, Elena Vicente-Ruiz, ha asegurado que “Tania Baños no puede excusarse en un error administrativo cuando ella levantó con su firma el reparo del interventor en contra de los técnicos municipales y cuando se aprobaron dos facturas más a la mercantil Contratas Hidráulicas SL en las juntas de gobierno del 11 de octubre y del 6 de noviembre de 2017”.
La alcaldesa tendrá que acudir el próximo 30 de octubre al juzgado a declarar como investigada por los hechos que se le imputan.
AGENCIA ANTIFRAUDE
Cabe recordar que el Partido Popular de la Vall d’Uixó presentó a principios de año ante la Agencia Valenciana Antifraude el informe del interventor para que este organismo valorara si el gobierno de PSOE, Esquerra Unida y Compromís habían cometido alguna irregularidad con el pago de estas obras que se han realizado sin contrato y sin expediente de contratación.
El equipo de gobierno no ha tardado en reaccionar y también ha hecho llegar a los medios un comunicado en el que asegura que ni el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, ni la alcaldesa particularmente, no han recibido ninguna notificación del Juzgado sobre los hechos que nombra el Partido Popular.
Añade que “la jefa de Contratación del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó suscribió un informe (del que adjuntamos copia) en el que afirma que fue un error administrativo, como se cita literalmente:
“Para la adjudicación de renovación de las obras de ‘Renovación de aceras en la Manzana 23 del Grupo La Unión’, con un presupuesto de 59.432,158 €, IVA excluido, se tramitó expediente de contrato menor, ya que, por error, LA QUE SUSCRIBE consideró que el importe límite para la tramitación de estos contratos era inferior a 60.000€, IVA excluido, y no a 50.000 €, IVA excluido, que era límite correcto. El decreto de levantamiento de reparo firmado el 27 de diciembre de 2017 recoge que la omisión del expediente “se ha producido por un error administrativo”. El error se detecta en el momento del pago de la factura, cuando las obras ya habían finalizado. El interventor en cumplimiento con su labor de fiscalización advirtió que el proceso no había sido el correcto debido al error anteriormente citado. Visto que la empresa realizó las obras, se decidió abonar la factura al considerar que ninguna empresa que realiza su trabajo correctamente debe asumir el coste de un error administrativo reconocido por la propia funcionaria. Respetamos el derecho del Partido Popular a acudir a la justicia, pero consideramos que estas actuaciones son la reacción ante la defensa que el equipo de gobierno ha realizado de los intereses de los valleros y valleras en el Caso Secopsa, recuperando 750.000 euros que Óscar Clavell pagó por unos servicios no prestados. Estas acusaciones se suman a la campaña que el PPCV está utilizando como cortina de humo para tapar sus múltiples y acreditados casos de corrupción, como el Caso Gurtel que salpica a su líder Isabel Bonig, que todavía no ha dado explicaciones públicas”
Concluyen que esta denuncia del PP de la Vall d’Uixó está en la línea de las que han afectado ya a otros representantes valencianos de gobiernos del cambio, como Sandra Gómez, Pere Fuset, Pere Ribó, Mónica Oltra, etc, y que han sido archivados.
