RN/ActualitatDiària
Las cosas se le complican al ex president de Catalunya, Carles Puigdemont, al igual que al resto de investigados por el llamado ‘procés’ que pretende conseguir la independencia de la autonomía como Estado propio, del resto de España. El juez Pablo Llarena ha comunicado su rechazo a los recursos interpuestos por los investigados en la causa. Además ha confirmado el auto de procesamiento que él mismo firmó contra los 23 encausados por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos.
En un nuevo auto dictado por Llarena, el juez se reafirma en que hubo violencia en el procés, causa que justifica el delito de rebelión y que las informaciones facilitadas por Hacienda coinciden con los indicios del delito de malversación que apuntan en la investigación al apreciarse indicios de fraude. El mismo auto recoge también el rechazo del juez que los miembros de la Mesa del Parlament disfruten de inviolabilidad parlamentaria.
Asimismo, Llarena deja la puerta abierta a la acusación de sedición o conspiración para acabar en rebelión. Además, también se afirma que en el hipotético caso de que no se pudiera acreditar la violencia (que el juez entiende que existió) esto no sería motivo para el archivo de la causa ya que los propios hechos recogidos en dicho auto pueden ser susceptibles de encausarse como un delito de sedición pues encajan en el artículo 544 del Código Penal. Según Llarena, aunque el movimiento político no se hubiera orientado hacia la declaración unilateral de independencia, el delito de rebelión queda acreditado al haberse forzado al Estado a modificar la realidad constitucional y haber desobedecido las resoluciones del Tribunal Constitucional en escenario de “alzamiento violento”.
Sobre las palabras de Montoro
El juez Pablo Llarena también se ha referido en el auto firmado hoy a las palabras de Montoro donde señalaba que no se gastó dinero público para el referéndum independentista del 1 de octubre. A este respecto el juez señala que esas afirmaciones contando con una serie de matices que “los investigados silencian en su intento de aportar contundencia a su exculpación”. Según el instructor, el ministro recoge “la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada”.
Por otro lado, el mismo destaca que la documentación remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda sostiene que la fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por dicho ministerio “detectó determinados marcadores que sugerían lo que el auto de procesamiento sostiene”,y por esto, el Ministerio de Hacienda se ha personado como acusación en la causa del Supremo a través de la Abogacía del Estado.
