Actualitat Diària
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha acogido la reunión del grupo de trabajo para la elaboración del ‘Protocolo de Atención Sanitaria a las Víctimas de Agresiones Sexuales’, del que forman parte, entre otros, profesionales sanitarios, forenses, fiscalía, decanato judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el centro Mujer 24 horas y la Subdelegación del Gobierno.
El objetivo de este protocolo es proporcionar un conjunto de recomendaciones protocolizadas para que, de la manera más homogénea posible, se actúe con rapidez, eficacia y coordinación. De este modo, se pretende reducir el impacto negativo o crear un perjuicio adicional a los daños derivados del momento de la comisión del delito, la victimización secundaria.
“Nos encontramos ante el reto de ofrecer una asistencia rápida, eficaz y coordinada que minimice el impacto de la agresión sobre la víctima y al mismo tiempo facilite la labor judicial y policial en la persecución de este tipo de delitos”, ha señalado la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, tras recordar que los servicios sanitarios suelen ser los primeros a los que acuden las víctimas de violencia de género o las que sufren una agresión sexual.
La consellera ha explicado que el personal sanitario suele ser el colectivo en quienes más confían las mujeres a la hora de revelar su situación, por ello “es importante favorecer una atención sanitaria eficaz y respetuosa, que vele por el respeto a la intimidad y tome en consideración las circunstancias que rodean a la víctima, para prestarle un apoyo específico necesario que facilite la labor judicial y policial, con el objeto de recabar la mayor cantidad de pruebas posibles antes de que estas se deterioren o desaparezcan.
Coordinación de todas las partes
Desde Sanidad, ha subrayado la importancia de la coordinación, ya que la medicina forense, junto con la judicatura, la fiscalía, los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios especializados en violencia de género forman parte de la atención y la ayuda que deben brindar las instituciones públicas a las víctimas.
Los delitos contra la libertad sexual representan un porcentaje importante de las infracciones penales que se cometen y ocasionan graves secuelas psíquico-emocionales a las víctimas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial del año 2017, de todos los delitos instruidos en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 0,6% son contra la libertad sexual. En cifras, rondan los 830 casos de agresión sexual con penetración y son más de 6.000 los casos por otras agresiones contra la libertad sexual.
En esta reunión del grupo de trabajo celebrada se ha hecho especial mención a las mujeres con discapacidad física o mental, ya que corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual, así como las embarazadas, que también pueden ser objeto de agresiones que repercutan además en la salud y viabilidad del feto.
“Es importante que los servicios sanitarios se coordinen con eficacia, prontitud y homegeneidad, con profesionales sensibles y con capacidad para tratar las manifestaciuones de violencia de género y las agresiones sexuales en general”, ha concluido Ana Barceló.
