Actualitat Diaria / Esperanza Molina
El secretario autonómico de Empleo (ex-vicealcalde de Castellón), Enric Nomdedéu, y el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, han denunciado hoy que “el PP de Castellón aún no ha pagado las costas a las que fue condenado el pasado mes de mayo a través de la sentencia que dictó el juez en el procedimiento iniciado por los populares contra mi persona”, ha apuntado Nomdedéu.
El auto del juzgado, que tiene fecha del 14 de novembre, acuerda el embargo de las cuentas del PP, para abonar los casi 3.000 euros que el PP tenía la obligación de abonar a Nomdedeu por las costas del juicio, más los intereses generados durante estos seis meses de retraso. Este auto se dicta como respuesta a la demanda presentada el pasado 8 de octubre por los representantes legales de Nomdedéu, al haber discurrido 5 meses sin que el Partido Popular hiciera efectivo el pago de estas costas a que fue condenado por el juez.
Según ha declarado Enric Nomdedéu, él, personalmente, tuvo conocimiento de este auto, el pasado 23 de diciembre, tres preguntar a su abogado si el PP había pagado ya las cantidades que adeudaba.
Desde el Partido Popular, la Junta Local ha remitido un breve comunicado en el que afirma desconocer el auto, y se declaran dispuestos a pagar lo debido, cuando se lo comuniques su abogada, al tiempo que denuncian un ‘uso político’ de la situación
La demanda del PP a Nomdedéu
El inicio de este conflicto tuvo lugar a raiz de unes declaraciones realizadas por el entonces vice alcalde de Castellón, enric Nomdedéu, en una conferencia en el Casino Antiguo de Castellón en octubre de 2015.
El Partido Popular de Castellón, liderado por Begoña Carrasco interpuso una demanda civil contra Enric Nomdedéu. Sobre el particular, Nomdedéu ha indicado en un comunicado que “es curioso que esta demanda la hicieran justo después de que yo fuera nombrado secretario autonómico, en septiembre de 2016, casi un año después de que se produjeran las declaraciones. Lo hicieron sólo para hacer daño”.
Sea como fuere, la demanda del PP no prosperó, el juez dictó sentencia absolutoria para Nomdedéu y condenó al Partido Popular de Castellón a pagar las costas judiciales del procedimiento. En la misma, señala el comunicado, el magistrado aludía a dos extremos: “los demandantes no tenían capacidad legal para obrar y además prevalecía mi derecho como cargo público a la libertad de expresión”, ha manifestado Nomdedéu.
Sobre este particular, Nomdedéu ha indicado con ironia: “el PP aún no ha pagado las costas, debían pensar que mi abogado es Feria Valencia y que podían hacer un ‘sinpa’, pero no, y por eso mi abogado las ha tenido que reclamar judicialmente”. Así, el juez ha dictado un auto mediante el cual “ha dado orden de embargo de las cuentas del Partido Popular”, ha anunciado Nomdedéu.
Para el portavoz local de la agrupación, Ignasi Garcia, “todo esto forma parte de una estrategia que lo único que pretende es coartar la libertad de expresión de aquellos que estamos explicando los cambios que estamos haciendo y cómo era su mala gestión dentro de su tàctica de amnesia colectiva”.
De hecho, añade Garcia, esta estrategia “no sólo la usaron contra Enric Nomdedéu, ya que Begoña Carrasco me amenazó de querellarse contra mí por decir que el tercer hilo del Corredor Mediterrani era una estafa y Pérez Macián también nos amenazó con una posible querella contra todos los grupos municipales que votamos a favor del dictamen de la comisión de investigación de fiestas”.
Garcia ha concluido diciendo que “no sólo nos amenazan y censuran sino que, además, cuando los jueces no les dan la razón y tienen que pagar, no lo hacen”. El importe reclamado al Partido Popular es de 2.246,24 euros en concepto de principal, más otros 673,87 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses.
Comunicado de la Junta Local del Partido Popular:
“No hay ningún embargo en las cuentas del Partido Popular de Castellón de la Plana.
Ha debido ser un error de notificación y en cuanto nuestra abogada nos lo verifique procederemos a subsanar el pago de las costas.
En ningún caso existe, ni ha existido nunca, intencionalidad de no pagar las costas.
Nos parece lamentable hacer de un tema administrativo una cuestión política, porque no lo es”.