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España ha cumplido con el objetivo de déficit público en 2017 fijado en el 3,1% del PIB, tras cerrar el ejercicio con un déficit del 3,07% del PIB, que equivale a 35.758 millones de euros. Es la cifra más baja de déficit público de los últimos diez años. Incluyendo la ayuda financiera, que asciende a 475 millones, el déficit se sitúa en el 3,11% del PIB. En el último año, el déficit público del conjunto de las Administraciones ha bajado en 1,22 puntos, desde el 4,29% de 2016, lo que supone una reducción de más del 25%.
Estas cifras responden a una mejora de los ingresos de 19.467 millones de euros (un 4,6%) en el último año frente a un incremento del gasto de 5.300 millones (un 1,1%). Gracias al esfuerzo realizado por todas las Administraciones Públicas, desde 2011 España ha logrado disminuir el déficit público un 64%, pasando del 9,31% al 3,07% del PIB en 2017.
Por su parte, la Administración Central, que incluye al Estado y sus Organismos Autónomos, ha reducido su déficit, excluyendo la ayuda financiera, del 2,48% del PIB hasta el 1,86%, siendo el subsector que mayor reducción ha conseguido.
El déficit del Estado se ha situado en el 1,91% del PIB, registrando una bajada de 0,72 puntos de PIB. Descontando el impacto de la actualización del Concierto y del Convenio con País Vasco y Navarra, así como los mayores recursos asignados a Canarias a través del Fondo de Competitividad, la reducción del déficit habría sido 2 décimas superior.
Primer superávit en 10 años
Por primera vez en diez años, el Estado ha registrado superávit primario por importe de 4.143 millones de euros, equivalente al 0,36% del PIB. La evolución del déficit del Estado se debe fundamentalmente al aumento en un 4% de los recursos no financieros y al mantenimiento de los gastos en niveles constantes. Los recursos impositivos del Estado, que suponen el 85% del total, se han incrementado en 7.060 millones de euros. Todas las figuras impositivas mejoran, destacando los aumentos, en términos de contabilidad nacional, del 5% del IVA, del 4,8% del IRPF y del 4,2% del Impuesto sobre Sociedades. En el ámbito de los gastos, ciertas partidas, como son las transferencias a otras administraciones públicas, se han incrementado. Esto se ha compensado con un descenso generalizado del resto de gastos.
En particular, el pago de intereses de la deuda ha caído un 5,3%, los consumos intermedios un 4,3% y la remuneración de asalariados un 1,6%, a pesar del incremento del 1% de las retribuciones, como consecuencia de la devolución de la mitad de la paga extra en 2016 que no se repite en 2017. También se reduce en 2.262 millones la transferencia al Servicio Público de Empleo Estatal, como consecuencia de la favorable evolución del mercado de trabajo que ha supuesto una caída de las prestaciones por desempleo.
Los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 589 millones de euros, excluida la ayuda financiera.
Los Fondos de la Seguridad Social han mejorado su saldo reduciéndolo hasta el 1,48% del PIB, 0,11 puntos porcentuales de PIB menos que al cierre de 2016. Este resultado se debe a un incremento de los recursos no financieros del 2,8%, mientras que los gastos solo se han incrementado un 2,2%. Destaca la fuerte aceleración de las cotizaciones sociales que se incrementan un 5,6% en el conjunto del subsector, 6.951 millones de euros, frente a un 3,3% en 2016.
Por agentes, el Sistema de Seguridad Social mejora su déficit desde el 1,79% del PIB hasta el 1,68%. Los ingresos por cotizaciones sociales han aumentado por encima del gasto en pensiones, en aproximadamente 1.000 millones. Por el lado del gasto, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie se incrementan un 3,4%, como consecuencia fundamentalmente del mayor gasto en pensiones contributivas, al aumentar tanto el número de pensionistas como la pensión media al incorporarse los nuevos pensionistas con pensiones más altas. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presenta un saldo positivo de 1.911 millones, equivalente al 0,16% del PIB. Esto ha sido posible a pesar del descenso de las transferencias del Estado a este organismo como consecuencia de los menores pagos por prestaciones por desempleo, que se han reducido un 5,5% por la buena evolución del mercado laboral. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) registra un superávit de 385 millones de euros en 2017, frente a los 12 millones del año anterior.
Respecto a las Autonomías, han reducido en más de un 60% su déficit, hasta el 0,32% del PIB, lo que supone una reducción de 0,52 puntos porcentuales respecto al año anterior. Todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla y León, han mejorado su saldo respecto al año 2016. Once de ellas han cumplido el objetivo de déficit, 4 de las cuales cierran 2017 con superávit. Este resultado está influido por el incremento, en 6.567 millones de euros, de los recursos autonómicos derivados de la aplicación del sistema de financiación.
