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El accidente de metro de Valencia vuelve a ser reabierto por la Audiencia Provincial al ver ‘indicios de delito’

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La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado en el día de hoy que el juzgado instructor debe reabrir la causa del accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que ocurrió día el 3 de junio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, al ver indicios de delito.

Hasta en tres ocasiones se ha archivado la causa por el Juzgado de Instrucción número 21 de la provincia.

Por otro lado, el dictamen de la Audiencia también recoge la posibilidad de declarar a la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia, como investigada junto a otras siete personas vinculados al organismo autonómico.

Además, el mismo documento afirma que si nos se derivan nuevas diligencias de investigación tras las declaraciones de los nuevos investigados, se debe continuar con el proceso en virtud del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Asimismo, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a través de Twitter, esto significa la apertura de juicio oral. Sobre esto, en el escrito de la Audiencia se afirma que “no se trata de llegar a la convicción o constatación de que exista indicio o prueba de culpabilidad, materia reservada a los órganos jurisdiccionales que tienen encomendada la valoración probatoria, sino el descubrimiento de que existe algún indicio racional de criminalidad, suficiente en el procedimiento ordinario para dictar el correspondiente auto de procesamiento”, y tras ello, la apertura de juicio.

 

Posibles delitos

En el comunicado de la audiencia se explica que la instructora del caso ha realizado un “extraordinario ejercicio de instrucción procesal”, en una investigación que dura ya 10 años, pero también entiende que se proponen “alternativas razonables” que impiden continuar con el sobreseimiento acordado en el paso mes de mayo.

En la nueva diligencia se advierte de que las actas del Comité de Seguridad, en relación con los problemas ocasionales del sistema FAP, “evidenciaban anomalías” en el sistema e “incidencias” pde la puesta en marcha de un nuevo sistema tecnológico, “llegando incluso a reclamar la Asamblea de maquinistas de 20 de septiembre de 2005 la necesidad de instalar balizas previas a todas las señales luminosas”.

Del mismo modo el en documento se advierte de la “necesidad” de haber prevenido el riesgo generado por el exceso de velocidad, “que se minimizó por la falta de respuesta adecuada”; y apunta que después de un accidente ocurrido en septiembre de 2005, el colectivo de maquinistas exigió a la directora gerente de FGV, Marisa Gracia, la propuesta de normas para un procedimiento y control más estricto del cumplimiento del Reglamento de circulación “sin que ello ocurriera”.

Se entiende, por tanto, que el tribunal considera la existencia de omisiones detectadas en sobre el “análisis y valoración de riesgos, del lugar, trazado, descarrilamiento, infraestructura, material, incumplimiento de límites de velocidad, pudieron crear un riesgo jurídicamente desaprobado o socialmente intolerable”.

Reacciones políticas 

Poco después de conocer la decisión del tribunal provincial, Compromís he emitido un comunicado donde “celebra” la reapertura del juicio.

La diputada del grupo nacionalista, Isaura Navarro, ha señalado que “no podemos más que celebrar la decisión de la Audiencia de Valencia de reabrir la causa del accidente de metro de 2006”.

Para Navarro “esta decisión de la Audiencia deja en evidencia a la jueza. En la Comisión de Investigación parlamentaria ya denunciamos el mal trabajo que había hecho esta jueza y lo mejor para la causa es que fuera apartada para que exista una verdadera investigación y se pueda conocer lo que realmente pasó”.

“Las víctimas, sus familiares y el pueblo valenciano tenemos derecho a saber qué ocurrió en aquel fatídico accidente. En Les Corts elaboramos y aprobamos un informe extenso, fruto de la comisión, en el que recogimos todas las irregularidades que se cometieron, así como todo aquello que se debería haber hecho y no se hizo por la mala gestión de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana bajo la gestión del gobierno del PP, todo lo que llevó a que 43 personas perdieron la vida y 47 fueran heridas en el accidente del metro”.