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La Comunitat Valenciana fue el año pasado la cuarta autonomía que más incrementó porcentualmente el número de beneficiarios de la ley de Dependencia respecto a 2016, con un 19,3 % más, solo superada por Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón.
A nivel nacional, uno de cada cuatro dependientes reconocidos por la ley de Dependencia en 2017 se encuentra en la lista de espera para recibir los servicios y prestaciones a los que tienen derecho, según denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Con los últimos datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia al cierre del pasado mes de diciembre, la asociación recuerda que 1.264.951 personas tienen reconocida su situación de dependencia (el 2,7 % de la población); de ellas 954.831 están siendo atendidas, mientras que 310.120 están en lista de espera. Respecto al perfil de los dependientes, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres y por edad, más del 70 % de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50 %.
La organización destaca la reducción de la lista de espera en 38.189 personas, pero lamenta que a “ese ritmo se necesitarían más de ocho años solo para atender a la actual acumulación de la lista de espera”.
“Resulta especialmente preocupante que casi el 40 % de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (dependientes severos y grandes dependientes); en total 120.368 personas” y que, según los últimos informes, en 2016 se produjeron más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.
Las comunidades que más han incrementado porcentualmente el número de beneficiarios en el último año han sido Navarra (25,9 %), Castilla-La Mancha (24,5 %), Aragón (21,8 %) y la Comunitat Valenciana (19,3 %); solo en La Rioja decreció en número de atendidos (2,3 %).
La Asociación de Directores de los Servicios Sociales expresan su preocupación por la situación de Cataluña, que tiene la mayor tasa de lista de espera (37,1 %) y que “precisaría de más de once años para absorber esa lista”. Recuerda que la aportación de la Administración General del Estado al sistema es del 17 %, mientras que las comunidades aportan el 63 % y los propios usuarios el 20 % restante.
Sin embargo, la asociación alerta de que en 89.267 beneficiarios del sistema -el 10 %- se está prestando un sistema de atenciones de bajo coste, es decir, “que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo”.